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Mujeres en el Poder Judicial

Nota publicada por Verónica F. Martínez, docente del Curso de Posgrado en Derecho Empresarial, Vocal de la Cámara 9na. de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 1ª. Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba.

Nota publicada en la edición Nº 48 de La Ley

I. Introducción

No es novedad, ya que los diarios nos lo muestran cada día, que la preocupación por las cuestiones de género se ha instalado en la sociedad. Desgraciadamente visibilizadas de la mano de la violencia contra la mujer, que, si no se puede afirmar que ha recrudecido, sí ha tomado creciente estado público a través de las estadísticas más trágicas, como lo son los recientes e indeciblemente crueles casos de las más retorcidas y variadas formas de violencia contra la mujer, que no cesa a pesar del endurecimiento de las leyes a partir del aumento de sensibilidad de la comunidad ante este tipo de aberraciones. Decimos que no se puede afirmar rotundamente la existencia de un incremento de casos, puesto que hasta muy poco tiempo atrás, dada la situación de la mujer en la historia, este tipo de delitos no era motivo de estadística y mucho menos de difusión pública; por lo que cualquier comparación al estilo del retrógrado “el tiempo pasado fue mejor...” no resulta ni mínimamente ilustrativa.

Porque no hace falta mucha instrucción en perspectiva de género para sostener que la posición que tradicionalmente tenía la mujer en la sociedad hacía permanecer en el fuero interno familiar este tipo de acciones contra su integridad, a veces hasta justificadas por el propio sistema legal que las legitimaba como propias de ese esquema androcéntrico de la sociedad, que, de esta manera, las naturalizaba como propias de la sujeción de la mujer al varón, sea que se tratara de su padre o, luego, su marido.

Si se bucea un poco en la historia, resulta que esta visión jerarquizada entre el varón y la mujer está muy arraigada y tiene una larga construcción a partir de un rol desde lo primitivo, producto de la regencia de los varones y la subalternancia de las mujeres, a partir de la básica provisión de los recursos a partir de la revolución agrícola, que, a pesar del otorgamiento de simbolizaciones compensatorias a la mujer como por ejemplo al otorgar una especie de oficio sacramental a las tareas del hogar, han mantenido esta subalternancia femenina en la sociedad que luego se trasladó a las legislaciones, las que, hasta también hace muy poco —en términos históricos— mantenían a la mujer en una categoría de inferioridad jurídica notable.

Mucho se ha avanzado en términos comparativos desde esa primera época, sobre todo si se analizan los cuerpos legales, tanto nacionales como los tratados y las convenciones internacionales a los que la Argentina ha adherido. Pero la realidad todavía nos interpela en términos de paridad real o en los hechos, donde lejos está de ponderarse el papel en sociedad en términos de igualdad con el varón. Es este el motivo de estas reflexiones que no son otra cosa que una opinión personal en la única calidad de mujer en el Poder Judicial.

II. Puesta en contexto y marco normativo

Las leyes, desde el Código de Napoleón en adelante, sirvieron para mantener la regencia masculina de la esfera pública de la sociedad y a la mujer dedicada a la esfera de cuidados, sobre todo de la familia; sencillamente una dinámica de hombre proveedor y la mujer adentro del hogar. Hasta entrado el siglo XX, cuando la primera agenda feminista empieza a conquistar derechos políticos y derechos civiles fundamentales, al menos en Occidente, como el derecho a la educación universitaria. Entre ellos, merece destacarse en nuestro país el derecho a trabajar, comerciar o ejercer su profesión sin el consentimiento de los varones a partir de 1926, el derecho al sufragio (1951), aunque el estado civil pleno de la mujer tuvo que esperar hasta la Reforma Borda del Código Civil (ley 11.711 de 1968), dado que hasta ese entonces para disponer de sus bienes propios requería también de la firma del marido como autorizante; y cabe mencionar que incluso los Códigos Penales del siglo XIX trataban distinto determinados delitos de acuerdo con el sexo, colocando a la mujer en una situación de padecimiento de violencia que resultaba exonerada por justificativos vinculados a esa calidad. Se tuvo que esperar hasta entrado el siglo XX para lograr algo que ahora parece también un criterio de dominación sesgado, pero se conquistó como un derecho básico de las familias, que es lo que se denominaba la patria potestad compartida.

Un popurrí de razones variadas en el siglo, entre las que se cuentan escaladas bélicas, la necesidad consiguiente de reemplazar el trabajo masculino por el femenino, la píldora anticonceptiva, el flower power y la educación, es lo que genera el impulso definitivo de esta segunda ola de feminismo, que se revela contra ese sistema que relegaba a las mujeres a un rol secundario y sobre todo visibiliza la alta violencia sexista contra la mujer, a la vez que otorga la impronta de una seguidilla de modificaciones en la legislación y se apropia de la agenda de las distintas disciplinas, no solo el derecho, sino de las ciencias políticas, la medicina, la economía, la sociología, la psicología y sobre todo la cartera de políticas públicas, lo que determina que la cuestión de género en clave de igualdad no sea ajena a ninguno de estos estratos, porque se encuentra imbricada en la rutina diaria de la comunidad.

En el caso del derecho, la temática se involucra en las diferentes incumbencias y exige un análisis desde los derechos humanos principalmente, pero también desde el derecho internacional, constitucional, laboral, además del tradicional del derecho de las familias, en todas, marcado por esa búsqueda de la igualdad o equidad de género, o como se señalara, “su alter ego, la ‘no discriminación’, como quien persigue el Santo Grial, que —a pesar de los años, el desarrollo y la globalización— sigue resultando esquivo a las mujeres”.

Lo acuciante de la cuestión queda expuesto porque las situaciones de discriminación y de subalternancia de la mujer, unidas a la visión poco favorable en un entorno conservador de la salida de la mujer de ese rol principalmente maternal sacralizado, ha detonado en situaciones de violencia que la ha colocado en un primer escalón de la agenda pública, porque, como bien señalara la Dra. Carmen Argibay, el detectar las múltiples situaciones en las que una mujer se encuentra en desventaja por su condición de tal requiere, además de un esfuerzo intelectual para comprender una temática que no fue parte de nuestra formación, agudeza de los sentidos para detectar los estereotipos culturales arraigados que reproducen la asignación de roles de género.

No es este el lugar para detallar la vasta normativa que nuestro país ha dictado y la que ha adoptado como propia en los últimos años, así como para analizar los precedentes jurisprudenciales que cada vez más asiduamente se hacen cargo de un análisis con perspectiva de género de los asuntos sometidos a juicio.

Podemos destacar como hitos los más importantes a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, que estableció como nuevo derecho y garantía igualdad, al sostener que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral” (art. 37, CN), a la vez que el art. 75, inc. 22, CN, otorgó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) rango constitucional. El art. 23, a su vez, colocó en cabeza del Congreso de la Nación legislar y tomar medidas de acción positiva en resguardo de la igualdad real de oportunidades de trato y pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Carta Magna y tratados internacionales sobre derechos humanos en lo que también respecta a las mujeres. De ello deriva la ley 27.412 de Paridad de Género, superadora de la anterior 24.012 de cupo femenino que lo lleva al requerimiento de equidad en la distribución de cargos políticos.

También caben mencionarse otras marcas fundamentales, como la ratificación de instrumentos internacionales como la mencionada Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ley 24.632, que en su art. 2º, además de establecer la obligación del Estado de adoptar las medidas adecuadas de protección jurídica de los derechos de la mujer, también sostiene la necesidad de que se capacite a los funcionarios públicos, especialmente mencionando a los judiciales, para que apliquen la convención como forma de lograr estrategias públicas para el conocimiento y la protección de estos derechos; la ley 26.485, contra todas las formas de violencia o de Protección integral a las Mujeres, la ley 26.618 de Matrimonio y la Ley de Identidad de Género, así como la nueva ley contra la Trata y Tráfico de las Personas (26.842), que constituyen plafones fundamentales en otorgar un sentido igualitario a las personas, sin categorizaciones discriminatorias, puesto que detrás de cada categoría se esconde una visión coactiva o condicionante de parámetros de libertad que todos merecen.

En ese marco, la reciente sanción de la ley 27.499 conocida como Ley Micaela, constituye un mojón trascendental en el camino de revertir situaciones de discriminación y violencia hacia la mujer, revisar androcentrismos y establecer de manera continua y permanente un sistema de capacitación en distintas esferas, principalmente públicas, referido a los derechos de las mujeres, reconocimiento de su situación de vulnerabilidad o desventajas por el solo hecho de ser tales, como forma de contribuir a la plena vigencia de esos derechos y tutelar a las mujeres a la vez de propender a la igualdad de género. Se establece la capacitación en la temática de manera obligatoria, con una autoridad de aplicación (el Instituto Nacional de las Mujeres), que se pretende que elabore los programas y las iniciativas a estos fines con criterios de uniformidad, para lo cual se promueve la adhesión de las jurisdicciones provinciales.

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