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Precios transparentes: lo que tenés que saber

Las últimas semanas estuvieron marcadas por el debate generado en torno a la expedición y entrada en vigencia de la resolución 51 - E 2017 del Ministerio de la Producción Nacional, promocionada como programa de «precios transparentes».

Hablamos con docentes del ICDA sobre el tema para comprender mejor las razones que le dieron origen, así como las consecuencias que puede traer la polémica norma.

 

El miércoles primero de febrero empezó a regir la resolución 51 - E 2017, norma con la que el Gobierno Nacional busca implementar una política de «precios transparentes». Desde ese momento se abrió el debate sobre su pertinencia y sobre las consecuencias que puede acarrear en materia de promoción del consumo. Sin embargo, en el público general parece haber mas dudas que certezas sobre la polémica medida.

¿Qué dice la resolución?

El artículo primero de la resolución dispone que quienes comercialicen productos y/o servicios no podrán establecer diferencias de precios entre el pago de contado en efectivo y aquellos realizados:

  • Con tarjeta de débito.
  • Con tarjeta de crédito en una cuota.
  • Con otro medio de pago electrónico en una cuota.

Por su parte el artículo segundo de la norma establece lo siguiente:

«Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total.

Quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva o por internet, entre otras) la frase “sin interés” (o cualquier otra similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor.

Se entenderá que el costo de financiación ha sido trasladado al precio de venta al consumidor cuando el comerciante deba abonar el costo de la financiación a algún proveedor de servicios financieros de forma directa, o a través de un descuento en la liquidación de la venta».

Primeras conclusiones

La aclaración establecida en el artículo primero de la resolución surge como respuesta a la aplicación práctica que tuvo el literal C del artículo 37 de la Ley 25.065 (tarjetas de crédito). Esta norma indica que no podrán hacerse diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta, pero en el segundo caso no discrimina entre compras hechas en un pago o financiadas, que es justamente lo que pretende aclarar la resolución 51 - E.

Al parecer (es lo que se puede deducir concluyó el Gobierno Nacional), ese vacío legal dio lugar a que el traslado del costo de la financiación en cuotas al precio de los productos, afectara también a quienes realizaban pagos de contado o con tarjetas en una sola cuota, algo que por lo tanto implicaba precios necesariamente más altos para los consumidores.

Por su parte, la segunda conclusión rápida a la que podemos llegar, es que la oferta de ventas financiadas «sin interés», no necesariamente era tal. Pues, lo que parece concluyó el Gobierno, es que el costo de la financiación con tarjetas de crédito siempre ha estado oculto en un sobreprecio de los productos o servicios ofrecidos. Algo que como se mencionó antes, afectaba por igual a quienes financiaban sus compras como a quienes no.

Consultado al respecto, el Mgter. Sebastián Heredia Querro, Coordinador del Curso de Posgrado en Derecho Empresarial del ICDA, declaró que «la gran asimetría informativa que existe en la industria de los medios de pago electrónicos es un problema que preocupa a muchos Gobiernos: los consumidores suelen desconocer —por deficiente información— el costo financiero que implica pagar de manera electrónica —débito— o "en cuotas" —crédito—» (algo que como lo afirma el propio Heredia Querro, viola el Art. 4 de la Ley 24.240).

Además, resalta nuestro profesor «los comercios suelen sufrir importantes retenciones por parte de las administradoras de sistemas de pago electrónico», un mercado que, como él mismo declara, tiene poca o inexistente competencia y una gran concentración.

En consecuencia, la motivación de la resolución sería «precisamente reducir la asimetría de la información, aumentar la transparencia, promover la competencia y disminuir los precios de las ventas al contado, es decir, las que no se hacen dentro de las masivas promociones de 3, 6, 12 o 18 cuotas», concluye Heredia Querro.

Contexto y consecuencias

Para el Mgter. Enrique Camussi, profesor de Entorno Sociopolítico y Económico de la Maestría en Dirección de Empresas - MBA del ICDA, la medida «entra en vigencia en un período de clara recesión en productos de consumo masivo y en amesetamiento de los bienes durables, todos con expectativas de una leve recuperación para el presente año», lo cual ocurre a su vez, continúa Camussi, «en un escenario de pérdida de poder adquisitivo derivado de un proceso de inflación estructural».

En su opinión, la decisión del actual Secretario de Comercio, Miguel Braun, busca «favorecer el consumo a través de información más transparente», afirma Camussi, para quien «la Argentina sigue estructurando programas económicos para favorecer la demanda de productos y poco se hace para mejorar la oferta, es decir mejorar procesos productivos con tecnología de nivel internacional que faciliten economías de escala para disminución de costos de producción y llegar al mercado nacional e internacional con precios más bajos».

Sobre este último punto sentencia también, «el problema esencial no es si los precios de contado o financiados están claramente expresados y expuestos, el problema es que la estructura de precios es extremadamente alta para los salarios medios vigentes», algo que en su opinión debe ser analizado a la par de «si el aspiracional de consumo de un argentino medio condice con su capacidad de generar valor en una economía que debe ser cada vez más competitiva, particularmente en este mundo globalizado».

Consultado sobre las consecuencias futuras que lo dispuesto en la resolución pueda tener en la economía nacional, Enrique Camussi afirma que las mismas «no van a depender necesariamente de estas medidas», algo que considera sería un enfoque simplista del problema.

El consumo, en una economía madura y coherente —profundiza nuestro profesor—, «se manifiesta a través de la capacidad de generar valor que tiene una sociedad y, consecuentemente, cada uno de sus miembros respecto a sus expectativas de consumo. Al principio del siglo XX la consigna de nuestros abuelos inmigrantes (mayoría de la población argentina) era tener un buen trabajo, esforzarse para ello y ser una buena persona. Hoy, las sucesivas políticas de todas las ideologías vigentes locales han fomentado la idea aspiracional de “tener“ en lugar de “ser“».

«En la ecuación global de la economía de un país juegan tres variables: Consumo, ahorro e inversión. El espiral de desarrollo se construye primero ahorrando (aunque esto implique restricción de consumos), luego invirtiendo y con la rentabilidad de lo invertido empezar a disfrutar consumiendo. Dicho en términos más simples: primero esforzarse para tener un mapa de capacidades y habilidades que me permita tener trabajo que genere valor, luego ahorrar a pesar de la inflación y finalmente invertir».

Continúa, «es una torpeza intelectual pensar que tengo que gastarme todo porque la inflación sube los precios, cuando luego la tasa de financiación que pago al comprar como mínimo duplica la tasa de inflación».

Para cerrar su opinión, Enrique Camussi concluye con un mensaje contundente: «es necesario consensuar entre los protagonistas sociales que este problema requiere varias décadas para su resolución, y deberíamos tener el suficiente coraje ético y moral para encarar y apoyar reformas que excedan nuestra longevidad. Dicho de otra manera, alguien tiene que sacrificarse para el bienestar de las generaciones futuras».

Consecuencias legales

La primera consecuencia legal que acarrea esta resolución, tal y como lo señala el profesor Heredia Querro, es la presunción de Derecho (iuris et de iure [presunción que no admite prueba en contrario]) de que las compras financiadas mediante tarjeta de crédito, sí conllevan un interés que ya está cargado al precio financiado, «ya que el comercio debe sufrir un descuento en la liquidación final de la venta por parte de la tarjeta utilizada, que es precisamente lo que acontece en las ventas financiadas».

También es menester señalar, como apunta el profesor Heredia Querro, que «además de la obligación de compliance que naturalmente le cabe a cada comercio adherido al sistema de tarjetas, la Secretaría de Comercio ha "trasladado" a los bancos, financieras, emisoras y administradoras la responsabilidad de hacer cumplir estas nuevas pautas, cuando participan de manera conjunta en promociones de ventas de bienes o servicios financiados».

Por último, el incumplimiento de esta resolución «puede acarrear multas de hasta 5 Millones de Pesos, la suspensión de los registros de proveedores del Estado, la pérdida de concesiones o regímenes impositivos especiales o la clausura del comercio, o el decomiso de mercaderías y eventuales condenas por daños punitivos (Arts. 47 y 52 bis, Ley 24.240)», resalta Heredia Querro.