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Cómo destituir a un presidente latinoamericano

 

¿Cuánto hay de inestabilidad coyuntural y cuánto de debilidad estructural detrás del proceso de juicio político que afronta la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff? Analizar el desempeño de la economía, las reglas formales e informales del sistema político y la cultura política de los ciudadanos brasileños, puede ayudarnos a comprender el escenario político y sus perspectivas.

Es la Economía, Dilma

Desde que asumió su segundo mandato en enero de 2013, la política económica de Rousseff no pudo revertir el progresivo deterioro de la economía más grande de Latinoamérica. No se trató de una simple “desaceleración”. La inflación acumuló 28% en dos años, la producción industrial de bienes de capital cayó 50% y la de bienes de consumo 43%, el desempleo pasó de 5,2% a 7,9% y el Real se depreció 42% frente al Dólar. En este contexto el gobierno implementó medidas de ajuste, presionado por el déficit fiscal, lo que terminó agravando las consecuencias sociales de la crisis.

Luego de años consecutivos de crecimiento económico (2000-2013) y reducción de las desigualdades en la distribución del ingreso -a niveles que llevaron a hablar del “milagro brasileño”- el freno fue muy brusco y doloroso. Para mediados del año pasado el 85% de los brasileños estaba insatisfecho con el funcionamiento de la economía, en una señal evidente de descontento social.

Romario y 593 más

El Congreso brasileño es bicameral, integrado por 81 senadores y 513 diputados y tiene entre sus atribuciones iniciar el juicio político al Presidente. La fragmentación partidaria es muy alta y alrededor de 28 partidos políticos tienen al menos una banca legislativa nacional.

Para convertirse en legislador hay dos variables determinantes, no siempre concurrentes: la popularidad del candidato y el apoyo de estructuras de poder local regional. Popularidad y poder territorial, en un país cinco veces más poblado y tres veces más extenso que Argentina.

Así, la composición del órgano legislativo es tan variopinta que encontramos a sospechosos o procesados por narcotráfico u homicidio, a un payaso de televisión y al Campeón del Mundo y Balón de Oro en 1994, Romario. Naturalmente abundan los políticos de carrera, incluido un ex presidente (también) destituido por el Congreso en 1992 acusado de corrupción.

Multiplicidad de sellos partidarios y bajos incentivos para mantenerse en su bando hacen que el proceso decisional parlamentario se tope con frecuentes bloqueos, y que el presidente deba negociar y formar coaliciones permanentemente. Esto sería republicanamente valorable, si no fuese porque la prenda de cambio de las negociaciones suelen ser Ministerios para los socios, o directamente sobornos sistemáticos de miles de dólares a cambio de lealtades parlamentarias.

Una brecha de demandas

Hay una paradoja en el proceso que hoy vive Brasil. La corrupción está al tope de la agenda ciudadana como el mayor problema del país, incluso antes de estos episodios. Paralelamente, el nivel de confianza de los brasileños en su clase política es de los más bajos de la región. El 80% no se siente representado por el Congreso, y el 79% confía poco o nada en el Gobierno.

Sin embargo, las movilizaciones ciudadanas por una demanda legítima como la transparencia o la justicia, sirvieron de plataforma para que políticos poco transparentes o investigados por la justicia impulsaran una acción destituyente contra la Presidenta y corrieran el eje de atención de sus propios problemas con la Justicia. La creciente imagen negativa de Dilma Roussef, que pasó del 67% de aprobación al 64% de desaprobación en apenas cuatro años, simplificó la maniobra.

Acciones de este tipo desvirtúan el sentido de la acción ciudadana, que resulta reencauzada por quienes controlan los mecanismos de toma de las decisiones político-formales. En el proceso de transformación demandas sociales en políticas efectivas, los decisores las reorientan hacia sus intereses particulares. Esto es posible por la magnitud de la brecha entre el entramado social y el sistema político que provoca que las demandas de unos no se vean reflejadas o sean directamente distorsionadas por los otros. No sorprende entonces que el 73% de los brasileños esté insatisfecho con el funcionamiento de la democracia.

El nuevo presidencialismo

El ocaso de Dilma Rousseff y los antecedentes de Manuel Zelaya (Honduras, 2009) y class="external">Fernando Lugo (Paraguay, 2012) muestran que no es necesario vivir en un país con sistema de gobierno parlamentarista para que el mandato del Presidente no sobreviva a una crisis política y sea removido por el Congreso. El presidencialismo de coalición es un esquema que se expande en Latinoamérica a raíz de la implosión de los sistemas de partidos y el descrédito de la clase política. Nuevas reglas políticas y nuevas prácticas ciudadanas deberán afrontar esta tendencia para garantizar la estabilidad de los gobiernos y la continuidad de las políticas de desarrollo.

Nota: Los cifras económicas pueden ser ampliadas en www.ibge.gov.br y los datos sobre opinión pública están disponibles en www.latinobraometro.org

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